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R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 76, p. 72 - 85, out. - dez. 2016
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aprobó por iniciativa de EE.UU y sus aliados una resolución, la 1373, en la
que se instaba a todos los estados miembros de Naciones Unidas a apro-
bar medidas legales de represión del terrorismo. Según un informe ela-
borado por el Pen Club (titulado Antiterrorismo, escritores y libertad de
expresión, hecho público en noviembre de 2003) en los años posteriores
al 11-S unos treinta y cinco estados aprobaron nuevas medidas legales
de tipo antiterrorista estimulados por dicha exhortación. Éstos fueron:
Eritrea, Etiopía, Kenia, Marruecos, Mauritania, Republica Centroafricana,
Sudáfrica, Swazilandia, Zimbabwe, Estados Unidos, Colombia, Panamá,
Perú, El Salvador, Venezuela, Australia, Afganistán, Bangla Desh, India,
Indonesia, Nepal, Pakistán, China, España, Francia, Gran Bretaña, Rusia,
Kazajstán, Uzbekistán, Turquía, Egipto, Israel, Jordania, Kuwait e Iraq.
Los gobiernos occidentales, a partir de septiembre de 2001, co-
mienzan a practicar en nombre de la seguridad una violación y/o restricci-
ón sistemática de derechos tan fundamentales como el derecho a la pre-
sunción de inocencia, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones,
al
habeas corpus
, a no ser objeto de torturas y malos tratos o a un juicio
con todas las garantías. Recordemos que, según los mismos gobiernos, el
final de la guerra fría constituyó supuestamente una gran victoria de la
democracia y los derechos humanos sobre el totalitarismo. Y no sólo eso.
En 1999, sólo dos años antes del inicio de la guerra contra el terrorismo,
Yugoslavia fue atacada por la OTAN en nombre de la protección de los
derechos humanos. También se ha intervenido en nombre de ellos y de la
democracia en Afganistán, Iraq, Yemen, Libia o Siria.
Pues bien, en abierta contradicción con las proclamas antedichas,
en EE.UU., tras diversas reformas legislativas posteriores a septiembre de
2001, se legalizó la detención indefinida de sospechosos de terrorismo
o de colaboración con terroristas
10
(entre 2001 y 2002, se encarceló por
este motivo a más de 3.500 personas, mayormente de religión musul-
mana; uno de los lugares de reclusión fue obviamente Guantánamo), el
registro de viviendas, las escuchas telefónicas o la vigilancia de correos
electrónicos, historiales de navegación por Internet
11
o, el supuesto más
grave, el asesinato de cualquier persona calificada por el presidente de
EE.UU. de sospechosa de ser un terrorista
12
. Se calcula que entre 2001 y
10 En aplicación de la
National Defence Authorisation
Act de 1 de enero de 2012.
11 En aplicación de la
Patriot Act
de 26 de octubre de 2001.
12 En aplicación de la
Authorization for Use of Military Force Act
de 18 de septiembre de 2001. Esa ley otorgó a Bush
II, asimismo, la potestad exclusiva de decidir quiénes habían sido los autores del 11-S.