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R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 66 - 81, jan. - mar. 2016
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viene promoviendo desde el año 2000 una ofensiva contra la trata con-
sistente en evaluar si los demás países de la comunidad internacional
cumplen un estándar mínimo de esfuerzos por luchar contra ella bajo la
amenaza, en caso contrario, de ser denunciados internacionalmente, ser
privados de determinadas subvenciones o ayudas de la administración
norteamericana o aún de sufrir una recomendación oficial negativa a or-
ganismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional
u otros Bancos para el Desarrollo, para que denieguen préstamos o cual-
quier utilización de fondos solicitados por ellos. Sus motivaciones, que
se han llegado a tildar de “oscuras” (Villacampa, 2011), sugieren ser una
respuesta a juegos de intereses que poco tienen que ver con las víctimas
de la trata y sí, más bien, con sus afanes por liderar una guerra contra
la criminalidad organizada trasnacional y la amenaza terrorista en favor
de la seguridad de las fronteras. La Alianza Global contra la Trata, en su
informe de 2010 es conclusiva en cuanto a esa vinculación entre trata y
terrorismo: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU,
afirma, considera que “traficantes y terroristas utilizan las mismas rutas”
y son el objetivo final de la “comunidad democrática” en su lucha global
contra la trata. La fuerte presión de grupos feministas abolicionistas que
operan, como verdaderos lobbies, en el ámbito internacional constituiría
otro motor importante.. Tómese como una muestra significativa la pode-
rosa influencia de los Estados Unidos en la aprobación de la Convención
de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, espe-
cialmente de mujeres y niños (2000), donde la presencia de esos lobbies
resultó ser decisiva.
No es de extrañar que, como resultado de ese panorama confu-
so, la identificación de las víctimas de trata sea tan incierta. Pero es que,
además, es muy probable que se haya sobredimensionado su cuantifica-
ción quizás para justificar tanta política represiva contra la inmigración y
la prostitución (Machado, 2014) . En mi país, una gran cantidad de estu-
dios etnográficos sobre el trabajo sexual de mujeres migrantes (Solana,
Acién, López Riopedre, Majuelos…) o las estimaciones generalizadas de
las principales asociaciones de defensa de sus derechos (Hetaira, Gene-
ra, Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía….).y aún, alguno que
otro informe institucional (de la guardia civil, por ejemplo) concluyen en
porcentajes que, en poco supera el 10% o el 15%, entre quienes traba-