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R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 66 - 81, jan. - mar. 2016
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Consejo de Europa de 19 de mayo de 2000) pasando a ser una especie de
atributo de la condición de mujeres prostitutas migrantes sin que llegue
a exigirse ninguna prueba de su falta de libertad – o quizás simplemente
de autonomía - para decidirse por el trabajo sexual o por el traslado con
ese fin. Y, en efecto, ¿no son vulnerables, con esa definición, la gran ma-
yoría de las mujeres que, desde realidades inciertas y precarias personal
y económicamente, se trasladan clandestinamente desde las periferias a
las estructuras más desarrolladas del centro mundial o nacional en busca
de recursos económicos para ellas y para su familia – cuya jefatura osten-
tan muchas veces - y para optar por una superior calidad de vida, mejo-
rar sus niveles de ingresos y de autonomía o formar parte de sociedades
más ricas, siempre asumiendo las condiciones de aislamiento, desamparo
y ausencia de derechos en que se insertan cuando llegan y, a menudo,
mientras permanecen en ellas? (Juliano, 2004).
Dejar ese juicio de vulnerabilidad en manos de los tribunales es tan
inseguro como quedar a expensas de su personal ideología. No es fácil
enfrentar los prejuicios “de género” del movimiento abolicionista y liberar
a sus víctimas dentro de ese estrecho espacio normativo marcado por la
legalidad internacional. Por ello son tan relativas las cifras que cuantifican
a las mujeres que sufren explotación sexual y tan inútiles las declaraciones
programáticas y las reiterativas iniciativas políticas que las secundan.
3. ALGUNAS CONSECUENCIAS PERVERSAS DE LAS POLÍTICAS
OFICIALISTAS CONTRA LA TRATA
En un último documento de la Unión Europea acerca de las “Es-
trategias para erradicar la trata de seres humanos” durante el periodo
2012-2016, la Comisión recoge el dato de que las víctimas de explotación
sexual representan un 79% de los 20,9 millones de seres humanos que
son objeto de trata a nivel mundial, al tiempo que reconoce la dificultad
de detectar a esas víctimas y la necesidad de sensibilizar a la sociedad
civil acerca de la prioridad de reducir la demanda de uso de los servicios
que ellas prestan o criminalizarlas en su caso y de animar a los Estados
a perseguir más activamente a los traficantes ante una realidad tan sor-
prendente como la que revela que el número de casos enjuiciados y de
condenas es muy bajo y sigue descendiendo en la totalidad de los países.
No se entiende. Si se hiciera un repaso de las masivas iniciativas
internacionales que, en poco más de un siglo, han abordado (parece que