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R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 9 - 26, jan. - mar. 2016
por trabajos al servicio de la comunidad, es obligado imponer la pena de
alejamiento de la persona que arremete por un tiempo que supere en un
año a la pena de prisión, lo que puede resultar un despropósito en el caso
del "cachete", así como en casos de agresión leve ocasional del marido a la
mujer o de la mujer al marido. La deriva hacia el endurecimiento, descon-
textualizando el carácter de la agresión, acaba atrayendo la atención hacia
lo anecdótico. La resistencia a situar la violencia en la pareja como manifes-
tación de rasgos específicos, bien distintos a los de otras manifestaciones de
tensión familiar, aboca a estas confusiones
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.
La enorme dificultad de un pronóstico certero sobre el grado de
riesgo de nuevas agresiones, explica que la judicatura manifieste su inco-
modidad ante la urgencia exigida por la ley para decidir la concesión de
la
Orden de protección
, lo que les obliga a orientarse más por intuición
que por la convicción fundada en elementos debidamente contrastados.
El temor a equivocarse parece inclinar la balanza en contra del denuncia-
do, lo que tampoco resulta satisfactorio desde la óptica de la justicia penal
que requiere un ajuste escrupulosos a las garantías procesales. El hecho
de que las medidas asistenciales a la víctima dependa de la concesión de
la
Orden de protección
, y que las medidas cautelares sobre adjudicación
del uso de la vivienda, pago de la pensión, y custodia de los hijos deba
tomarse en tan breve tiempo, constituye sin duda un estímulo para que
la víctima denuncie los hechos, pero también para abocarle a una vía con
efectos a medio plazo no deseados. La pregunta sigue siendo ¿qué es lo
que le conviene más a una mujer que quiere poner fin a las agresiones,
pero que no quiere ver a su marido, pareja o expareja en prisión? ¿debe-
mos atender a las preferencias de la mujeres afectadas, o debe mantener-
se la vía penal como único trayecto posible?.
La entrada en funcionamiento de la
Orden de protección
ha evi-
denciado la necesidad de incrementar los recursos sociales, los medios
personales en los Juzgados y en las Oficinas Atención a los denunciantes,
la agilización y coordinación con los órganos policiales encargados de su-
pervisión de las medidas... etc. Se constata asimismo disfunciones deri-
vadas de la vinculación de la
Orden de protección
a la persecución penal
de los hechos. El incremento de denuncias se acompaña asimismo de un
porcentaje significativo, del orden del 10% de "retiradas" de la denuncia
13 ASUA BATARRITA, A.
“Los nuevos delitos de violencia doméstica tras la Reforma de la LO 11/2003 de 23 de sep-
tiembre”
, en AAVV,
Las recientes reformas penales: algunas cuestiones
, en
Cuadernos penales José María Lidón
,
n. 1. Bilbao 2004, p. 201 ss.