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R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 317 - 329, jan - fev. 2015
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en la pobreza (
políticas de pobres
), un sistema jurídico más represivo que
garantista (enfocado en el
derecho penal del enemigo
), priorización de
la defensa de la seguridad física de los individuos frente a la seguridad y
libertad de los ciudadanos (de nuevo el
hobbesiano
dilema entre seguri-
dad
versus
libertad) y represión de la disidencia y la protesta social.
De esta manera, se trunca el proceso de emancipación social de los
ciudadanos, a cambio de políticas asistenciales. Con ello, se fragmentan
las bases de los vínculos sociales como primer paso para su privatización.
La promesa de la utopía liberal del
libre mercado
ha sido utilizada por el
neoliberalismo y sus depredadores económicos como coartada para la pri-
vatización (o transferencia indebida de lo público a lo privado), rompiendo
así un cierto equilibrio entre economía y sociedad, que había funcionado
tras el consenso socialdemócrata después de la II Guerra Mundial.
Más allá de las coyunturales crisis financieras, estamos asistiendo
a un ajuste neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político
al ámbito material de las constituciones democráticas de la posguerra,
especialmente sobre los derechos laborales y los derechos económicos,
sociales y culturales. El neoliberalismo del siglo XXI ha dado al traste con
el valor de la solidaridad pública y, al privatizar derechos sociales como la
educación o la sanidad, está incrementado y profundizando la desigual-
dad socioeconómica. El resultado está siendo demoledor para las clases
trabajadoras y populares, que ven como sus rentas laborales disminuyen,
sus condiciones laborales se precarizan, sus derechos se desprotegen y las
promesas de ascenso social se frustran. Esto, junto al rechazo evidente de
la oligarquía a contribuir a las arcas públicas y a los gastos comunes, está
convirtiendo la crisis económica en una crisis de derechos y, consecuen-
temente, en una amenaza para la democracia. Porque tras el ataque a los
derechos económicos y sociales, se va también contra los derechos civiles
y políticos. Y con ello, se ataca directamente a la estructuración democrá-
tica de las sociedades.
La privatización de los vínculos sociales y la ruptura de los meca-
nismos de integración social tienen una consecuencia directa, que afecta
al compromiso de la ciudadanía (precarizada y asustada) con las normas.
Generan una ausencia de compromiso ético con las normas y los valores
que las sustentan, destruyendo las bases morales de la ciudadanía (especial-
mente la clase media), y provocando un individualismo sistémico, basado en
el cálculo de las ventajas individuales obtenidas dentro de un grupo social.