Revista da EMERJ - V. 21 - N. 1 - Janeiro/Abril - 2019

 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 42 - 91, Janeiro-Abril. 2019  84 – un decomiso —y actividades complementarias— tradicional , aplicable sobre bienes, instrumentos, efectos y productos relacionados con los delitos; – unas actuaciones que se tienen que desarrollar de conformidad con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, lo que supone tener que analizar caso por caso que no se producen situaciones antagónicas entre diferentes normas, las cuales debieran ser superadas con sentido flexible y en favor de una investigación efectiva 126 . Con posterioridad, el art. XV.2 CICC acoge el criterio esgrimido por Estados Unidos en su tramitación conforme al cual el Estado de ejecución aplicará su normativa interna para dar el destino procedente a los bienes decomisados, quien podrá, a pedido de otro Estado signatario, compartir con él parte de esos recursos obtenidos como premio de su colaboración en la investigación o en las actuaciones judiciales conexas. [29] Consciente de la necesidad de coordinar e intensificar la coo- peración, la unidad, la cohesión y los esfuerzos para alcanzar unas condi- ciones de vida mejor para los pueblos de África, la mayor parte de ellos flagelados durísimamente por el problema de la corrupción en los sectores público y privado, lo que frena drásticamente su desarrollo económico, la Unión Africana aprobó el Convenio de Maputo 127 . Aunque sea de manera sucinta, su articulado repasa las cuestiones básicas relacionadas con la confiscación y comiso de los productos e ins- trumentos de la corrupción (art. 16 CAC) 128 , y con el secreto bancario (art. 17 CAC), que no puede ser un obstáculo al desarrollo de esas actuaciones. 126 MANFRONI, C. (2001): La Convención Interamericana contra la Corrupción. Anotada y comentada (2.ª ed.). Buenos Aires: Abeledo‑Perrot, p. 189. 127 Convención sobre prevención y combate a la corrupción, aprobada el 11 de julio de 2003 en Maputo bajo los auspi- cios de la Unión Africana —comúnmente conocida como Convenio de Maputo —. 128 Art. 16 CAC: “1. Each State Party shall adopt such legislative measures as may be necessary to enable: (a) its compe- tent authorities to search, identify, trace, administer and freeze or seize the instrumentalities and proceeds of corruption pending a final judgement; (b) confiscation of proceeds or property, the value of which corresponds to that of such pro- ceeds, derived, from offences established in accordance with this convention; (c) repatriation of proceeds of corruption. 2. The Requested State Party shall, in so far as its law permits and at the request of the Requesting State Party, seize and remit any object: (a) which may be required as evidence of the offence in question; or (b) which has been acquired as a result of the offence for which extradition is requested and which, at the time of arrest is found in possession of the persons claimed or is discovered subsequently. 3. The objects referred to in clause 2 of this Article may, if the Requesting State so requests, be handed over to that State even if the extradition is refused or cannot be carried out due to death, disappearance or escape of the person sought. 4. When the said object is liable for seizure or confiscation in the territory of the Requested State Party the latter may, in connection with pending or ongoing criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over to the Requesting State Party, on condition that it is returned to the Requested State Party”.