Revista da EMERJ - V. 20 - N. 2 - Maio/Agosto - 2018

 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 20, p. 116-146, Maio/Agosto 2018  125 formas de ejecución deben prever el tratamiento. En de- finitiva, los custodiados experimentan la ejecución de la misma manera a como la experimentan los presos, si bien con perspectivas mucho más vagas acerca de su puesta en libertad. Si, por consiguiente, los aspectos comunes preponderan, entonces el constructo teórico (ampliamen- te desconectado de la empiria), por no decir sofista, de una diferenciación fundamental entre pena y medida de seguridad no debería justificar una separación radical del ámbito de protección de las garantías de la libertad del art. 103.2 y 3 GG [principio de legalidad penal; non bis in idem], sino en todo caso su matización gradual 23 . III. La “castración química” y los registros públicos 1. La medicación consistente en anti-andrógenos (en el len- guaje corriente conocida como “castración química”) reprime los instintos sexuales y reduce la producción de testosterona 24 . En este sentido, tiene los mismos efectos que la castración quirúrgica, pero ofrece la ventaja de ser reversible y resulta un procedimiento con- siderablemente más barato que el mantenimiento del sujeto en pri- sión 25 . Los compuestos químicos más utilizados son el Acetato de Medroxiprogesterona (MPA) –comercializado bajo el nombre de De- po-Provera – y el Acetato de Cyproterona (CPA). Ambas drogas operan enviando al cerebro la falsa señal de que el organismo dispone de suficiente testosterona, de manera que aquel deja inmediatamente de producirla. Se deben administrar periódicamente (por regla general, semanalmente). Los resultados de estos tratamientos sobre el com- 23 Denunciándose incluso la infracción del art. 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos (así, Renzikowski, « Die nachträgliche Sicherungsverwahrung und die Europäische Menschenrechtskonvention», JR 2004, pp. 271 y ss; Kinzig, “Umfassender Schutz vor dem gefährlichen Straftäter? – Das Gesetz zur Einführung der nachträgliche Sicherungsverwahrung”, NStZ 2004, pp. 655 y ss.; Laubenthal, «Die Renaissence der Sicherungsverwahrung», ZStW 116 (2004), p. 750.) Entiende que no se produce tal vulneración, Hörnle, “Verteidigung und Sichreungsverwahrung”, StV 2006, p. 383 y ss. 24 Véase, Fitzgerald, Chemical Castration: MPA Treatment of the Sexual Offender, American Journal of Criminal Law 18 (1990), p. 6; Rucknell, Abuse It and Lose It: A Look at California’s Mandatory Chemical Castration Law, Pacific Law Journal 28 (1997), p. 559; Winslade, “Castrating Pedophiles Convicted of Sex Offenses Against Children: New Treatment or Old Punishment?”, SMU Law Rev. 51, 1998, p. 371. 25 Se estima que el coste del tratamiento es de unos 160 dólares mensuales (Cfr. Harrison, “The Hig-Risk Sex Offender Strategy in England and Wales: Is chemical castration an Option?”, The Howard Journal of Criminal Justice, vol. 46, n. 1, 2007, p. 20).