Direito em Movimento - Volume 18 - Número 3 - Edição Especial

61 Direito em Movimento, Rio de Janeiro, v. 18 - n. 3, p. 39-76, 2020 - Ed. Especial ARTIGOS pretende por tanto la uniformidad legal. Precisamente por su unitarismo se originó una cierta oposición, aún no suficientemente estudiada, por parte de los propietarios y juristas de determinadas regiones que disfrutaban de regímenes particulares en materia de propiedad territorial A esta conclusión llegan para el caso de Navarra, (CONTRERAS Y MARTÍNEZ AGUIR- RE, 1990, p. 517 a 530). Esta reacción, y el cambio político provocado por la revolución de 1868, hizo necesaria la elaboración de varios trabajos que reformaron la Ley de 1861, principalmente en sus disposiciones transitorias, que culminarán con la promulgación de la nueva Ley Hipotecaria de 21 de diciembre de 1869 (RODRÍGUEZ ENNES, 2000, p. 165). Finalmente, es digno de destacar, dentro de este estadio, el Proyec- to de Libro I de Código Civil de Romero Ortiz en 1869, proyecto que se presentó a su aprobación en Cortes como Ley especial y que trataba esencialmente de los derechos individuales, siguiendo el mandato ideo- lógico de la Revolución de 1868 que dio lugar al sexenio democrático. Este texto guardaba, por su contenido, especial relación con la parte dogmática de una Constitución cuya realización, en 1873, se quedó también en fase proyectiva. La fase definitiva del proceso de Codificación civil español, la etapa de culminación , comienza, bajo el influjo de la Restauración monárquico-bor- bónica y su posterior asentamiento jurídico con la duradera Constitución de 1876, con el nombramiento de la Comisión General de Codificación mediante Decreto de 10 de mayo de 1875, comité que fue parcialmente sustituido por el definitivo mediante un nuevo Decreto de 2 de febrero de 1880. En ambas delegaciones destacó Alonso Martínez como bastión definitivo de aprobación del Código Civil. La nueva Comisión, que trabajó fundamentalmente sobre la base del malogrado Proyecto de 1851, dio sus primeros pasos constatables con el Proyecto de Ley de Bases de Alonso Martínez de 22 de octubre de 1881, y empezó a encauzar el principal escol- lo codificador en España, las tensiones foralistas, a través del Acuerdo con los territorios forales (redacción de los Libros III y IV) de 1882. Otro destacado miembro de la Comisión, Francisco Silvela, fue el protagonista del Pro-