Relatório NUPEGRE

59 Relat. Pesq. NUPEGRE, Rio de Janeiro, n. 6, 2022. En el primer eje, verificamos la presión por políticas públicas con perspectiva de género. Los diálogos con los poderes públicos busca- ron la inclusión de las mujeres en situación de violencia en algunos beneficios, acciones y programas, tales como el programa lanzado por la prefectura de Rio de Janeiro para abrigo de ancianos en hoteles, el alquiler social (destinado a víctimas de calamidades públicas) y la dis- tribución de cestas básicas como medida de emergencia para las mu- jeres en situación de inseguridad alimentaria. Eso porque, no obstante el aumento de las tensiones en el ambiente doméstico y los impactos de la pandemia en las condiciones socioeconómicas, ninguna política pública se destina a las mujeres en situación de violencia doméstica. En muchas reuniones, las participantes y profesionales especia- lizadas en la temática de la violencia contra la mujer relataron una lucha constante para visibilizar la temática en sus instituciones. Con relación a instituciones privadas, observamos un esfuerzo de sensibilizar em- presas a participar de campañas, como por ejemplo las farmacias en la campaña “Semáforo en Rojo”. En el segundo eje, están las medidas destinadas a la mejoría de la infraestructura de algunos servicios que, a lo largo de los últimos años, sufrieron con el deterioro debido a la crisis del Estado de Rio de Janeiro. Delante de la identificación, durante las reuniones, de la carencia de equipamientos, personal e inversión en innovación, ob- servamos que la COEM sirvió como un instrumento para mediación y presión por mejorías. La pandemia de COVID-19 impuso cuidados en los atendimientos presenciales, como la utilización de equipos de pro- tección individual (EPIs). La lectura de las actas revela que servicios como los prestados por los Centros de Referencia sufrieron con la de- mora en la entrega de esos ítems esenciales de protección y preven- ción de contagio por el virus. Verificamos que también en esos casos, después de la identificación de las demandas, la COEM y la Defenso- ría Pública presionaron a los órganos competentes para la adquisición de los equipamientos. El “perfeccionamiento de la debida diligencia” fue la categoría escogida para agrupar las acciones que objetivaron impactar la efi-