Relatório NUPEGRE

17 Relat. Pesq. NUPEGRE, Rio de Janeiro, n. 6, 2022. hibir” – expresiones utilizadas por la propia Ley Maria da Penha – trae mayores desafíos para las instituciones que componen el sistema de justicia, ya que la actuación represiva y puntual a un caso pasa a ser, en ese nuevo marco legal y político, insuficiente para el combate a la violencia contra las mujeres. Existe necesidad de una actuación proactiva del poder público, que, por medio de la articulación e integración de sus instituciones, debe delinear políticas públicas de enfrentamiento a la violencia do- méstica. En las últimas décadas, fue posible observar algunas buenas prácticas, aunque puntuales, en diferentes regiones del país, que co- mienzan a apuntar un cambio de postura institucional y nuevos rumbos para el tratamiento del tema. Ese primer paso, todavía fragmentario, es consolidado con una política judicial nacional, campeada por el CNJ, para establecer directrices para todos los Tribunales de Justicia del país. El artículo 8º de la Ley Maria da Penha establece que la política pública que busca cohibir la violencia doméstica y familiar contra la mujer debe ser hecha por medio de un conjunto articulado entre el Po- der Judicial y las áreas de seguridad pública, asistencia social, salud, educación, trabajo y habitación. En el ámbito de la seguridad pública, es fundamental que las instituciones, como las policías (militar y civil), dialoguen con el Poder Judicial y busquen soluciones para que las mu- jeres puedan acceder la justicia de forma rápida y eficaz, libre de dis- criminación y estereotipos de género. No existe un manual o modelo de cómo las instituciones deben actuar. Justamente por tratarse de una nueva forma de encarar la temá- tica que, como dicho anteriormente, abandona el casuismo y el trata- miento eminentemente penal, las formas de articulación y el diálogo institucional ganan un contorno abierto, experimental. Órganos como las Coordinaciones pasan a ser estratégicos para que esa integración se dé de forma eficiente. ¿Cómo las acciones institucionales deben ser pautadas? ¿Cuáles indicadores deben balizar las tomadas de decisiones? ¿Cómo descu- brir los entrabes de acceso a la justicia? ¿De qué forma es posible me- jorar la prestación jurisdiccional? ¿Cuáles son los impactos y límites de